La Defensoría del Pueblo alerta por creciente violencia en cárceles de Bolivia

Al menos 17 muertes violentas se registraron en lo que va del año en las cárceles del país. El informe fue emitido por la Defensoría del Pueblo que alertó sobre un “alarmante” incremento de la violencia, los motines y las muertes al interior de los centros penitenciarios.

Ante esta situación, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a las instituciones del Estado a prevenir la tortura de manera prioritaria.

“Hay un proceso de producción de violencia muy trascendente, con una cifra no vista antes. Son 17 muertes violentas en lo que va del año en Bolivia, considerando que todo el año 2025 se tuvieron 15 eventos de esta naturaleza”, señaló Callisaya.

Asimismo, informó que el país atraviesa una “grave crisis de justicia en el área penitenciaria”. Actualmente, más de 33.000 personas se encuentran privadas de libertad en 46 recintos. También advirtió un hacinamiento crítico cercano al 109% en penales como San Pedro (La Paz) y Palmasola (Santa Cruz), lo que ha provocado un debilitamiento general en los sistemas de salud, seguridad y alimentación.

DETENCIÓN PREVENTIVA

Callisaya remarcó que el 53.9% de los internos se encuentra bajo detención preventiva. Esa cifra demuestra que el ámbito de justicia ha optado por considerar a las cárceles como un depósito de personas «indeseables» para la sociedad.

Ante este panorama, el defensor instó al Estado a superar la respuesta reactiva. Pide transformar las condiciones estructurales que favorecen la violencia y los malos tratos.

Para ello, consideró importante fortalecer mecanismos de prevención independientes, dotados de recursos suficientes y con acceso efectivo a todos los lugares de custodia o control estatal.

“La verdadera medida del éxito no será cuántas denuncias de tortura se reciben, sino cuántas condiciones que hacen posible la tortura han sido eliminadas. Así podremos medir efectivamente una incidencia desde la institucionalidad regional que ahora está presente en este evento”, añadió.

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Planteó cuatro desafíos centrales. Uno, analizar la persistencia de la tortura en contextos de privación de libertad; el uso de discursos de seguridad para justificar la restricción desproporcionada de derechos. Verificar las condiciones estructurales de detención incompatibles con la dignidad humana y la falta de capacidad institucional para prevenir, investigar y sancionar estos hechos.

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